Opinion: El ataque al derecho a la participación política y el debilitamiento de la democracia
*Edgar Isch
Analista Social Ecuatoriano
Para todos es conocida aquella definición de la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si aceptamos esta idea, el problema se concreta en dos cuestiones: a quienes nos referimos al decir pueblo y cuáles son las condiciones para lograr el «Gobierno por el pueblo».
En el primer caso, como término político, pueblo no se refiere a la totalidad de la población, sino a aquellos sectores que pueden sumarse, conscientemente o no, a una corriente política y, a la vez, cuáles son los sectores necesarios para que una orientación filosófica política alcance hegemonía en la sociedad. Cuál será la corriente dominante dependerá de muchos factores, lo fundamental es en qué manos se encuentra el poder, en todas sus dimensiones: política, económica, comunicación y cultural-ideológica.
Esto permite señalar un aspecto de importancia. No podemos olvidar que la sociedad está compuesta por clases y que las contradicciones entre estas son el motor de la historia. Cuando se confunde la definición de pueblo con su interpretación demográfica, es decir que es igual a toda la población, se pretende ocultar esta verdad, así como se lo hace al señalar que “todos somos ciudadanos”. Hay allí la ilusión de que todos somos socialmente iguales, pero “hay unos ciudadanos más iguales que otros”, como aclararía uno de los personajes de “Rebelión en la granja” de George Orwell.
Las clases con poder fáctico por supuesto siempre tienen participación directa en los destinos del país gracias a condiciones que no las tienen los ciudadanos de clases explotadas. El poder económico y sobre el aparato productivo les permite ser actores directos de decisiones como la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea, en las regulaciones salariales o en los cambios legales para ampliar la minería transnacional. Las contradicciones de algunos de esos sectores con el Gobierno no han sido sino la expresión de diferencias entre sectores de las clases dominantes, entre grandes burgueses íntimamente ligados con el capital internacional y aquellos burgueses que dependen en mayor grado del mercado nacional mientras buscan un puesto entre los grandes. Su nacionalismo no es más que su interés inmediato, del que desaceran si crecen para conectarse con los grandes grupos transnacionales y eso se observa en la firma de un TLC cuando antes decían combatir esos tratados.
Con esto empezamos la respuesta a la segunda cuestión. Para los ricos y sus operadores políticos, el «Gobierno por el pueblo», es el realizado por esa minoría que se asume como portadora del interés colectivo. Recuerde el lector como se usa desde todos los poderes expresiones en las que intereses particulares son expresadas como interés de todos. Por ejemplo, se habla desde el poder de nuestras exportaciones bananeras para firmar el TLC con Europa. ¿Nuestras? ¿No son de Noboa y otros monopolistas como él? ¿Cuántos ecuatorianos participan y se benefician de ellas? Nos dirán que la producción bananera crea empleos, pero tratarán de ocultar las injustas e insalubres condiciones de trabajo denunciadas en diversos estudios y que caracterizan a la producción bananera agroindustrial; dirán también que aportan impuestos, pero silenciarán el ya viejo ofrecimiento gubernamental de una empresa estatal exportadora que tendría muchas más ganancias y que evitaría las injusticias de “cuperos” y exportadores privados en contra de los campesinos pequeños.
Como este ejemplo, cada quién podrá poner otros en los que la propaganda oficial y empresarial por lo general coinciden para decir que los intereses de los ricos son los de todos. Así convencen a los de abajo a respaldar los intereses de los de arriba. Los gobernantes de turno, incluidos los de la llamada revolución ciudadana, asumen una especie de síndrome del capataz, trabajando por un disciplinamiento social que evite cualquier intento de salirse de la corriente impulsada desde las clases en el poder. Por ello se confirma que en cada momento histórico «la ideología dominante es la de la clase dominante».
Para una democracia «por el pueblo», se requiere al menos de claros posibilidades de participación, la cual, en su forma más alta, se define por el ser parte en la toma de decisiones. Y son decisiones políticas porque tratan de los destinos posibles para una sociedad. Pero participación sin conocimiento e información adecuada no es posible, así que en el aparataje creado para hacernos creer que nuestro interés es que los ricos ganen más, está uno de los ataques a la participación política de los y las ciudadanas, pero especialmente del pueblo llano, de quienes trabajan y producen la riqueza del país.
Un segundo componente del ataque gubernamental a la participación popular está en el Decreto Presidencial 016 (vigente desde el 4 de julio de 2013), conocido por sus normas contrarias a la organización popular independiente bajo el título de “Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas”. Se trata de un mecanismo de control que deja cortos límites de actuación, estableciendo posibilidades de disolución que, en la práctica, quedarán a discreción de las autoridades. Por ejemplo, se imposibilita el pronunciamiento ante un proceso electoral, calificado de política partidista; se pone como causal de disolución el “Dedicarse a actividades (…), de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna (…) del Estado…” sin aclarar cuáles son los aspectos considerados como injerencia que atenten contra la seguridad interna, aunque cotejando con el nuevo Código Penal muchas manifestaciones pacíficas y también respuestas a una represión injustificada pueden ser calificadas de esa manera.
De hecho, el cierre la fundación Pachamama fue la primera prueba y el ejemplo de lo que este Decreto significa: limitar la participación en políticas públicas. Si tomamos en cuenta que una labor de las ONGs es la de realizar incidencia política, se les niega este campo de acción en los hechos y se las direcciona a actuar como empresas consultoras en lo que sea de interés gubernamental. Se debilita entonces la observancia ciudadana de las políticas públicas y la capacidad de presentar nuevas.
Además se prevé otra manera de anular a una ONG molestosa para el régimen. Por ejemplo, si hay una sola que por intereses ambientales se opone a la presencia de una minera transnacional, el gobierno y la empresa pueden promover que sus aliados pidan ser incluidos en la ONG, pues de acuerdo al Decreto 016 no podrían impedir su ingreso aunque esto cambie la orientación institucional. De esta manera, hay un ingreso obligatorio que violenta la libertad de asociación.
Tercera actuación del gobierno y otros aparatos del Estado contra el derecho a la participación: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no cumple su función de garante de estos derechos ciudadanos. Consejeros democráticos como David Rosero y Andrea Rivera han denunciado desde su interior, en varias ocasiones, el incumplimiento de principios e incluso de normas que garantizan la participación. Los nombramientos de funcionarios de diversas funciones del Estado que debían ser realizados desde este Consejo, por norma han incluido a personajes conocidos por su vinculación con el Ejecutivo, reduciendo el debate político, impidiendo la participación de las llamadas minorías y afectando gravemente la vida democrática de la institucionalidad del Estado.
Un cuarto hilo de esta red de araña es la actual negativa a las Consultas Populares. El mismo gobierno que antes, para adornar sus intereses verdaderos, llamaba a consultas no requeridas por el pueblo y se llenaba la boca de participación, ahora junto a funcionarios en otras funciones del Estado pone barreras a los pedidos salidos del pueblo, por centenas de miles en el caso de la consulta sobre el Yasuní. Incluso, sin presentar nunca las firmas ni someterlas a revisión, dijeron recibir más de un millón de un grupo de alcaldes amazónicos que recogieron esas firmas para pedir también una consulta popular, pero que las recibió el Presidente en acto público y las guardaron desconociendo el pedido de ese supuesto millón de ciudadanos.
Igual puede decirse sobre el miedo de llamar a consulta popular la pretensión de reelección indefinida o la firma del TLC con la Unión Europea. El gobierno de las consultas simplonas como la de los toros, ahora se niega ante consultas importantes y dicen que representa la voluntad popular. Se niega el derecho al pueblo en participar en la definición de los destinos del país, lo que se puede entender como pisotear el principio constitucional que señala que “la soberanía reside en el pueblo”. El pueblo, en la visión oficial, deja de ser soberano para transformarse en la masa de guiados por el líder que asume para sí toda soberanía.
De este modo, quieren evitar que el pueblo discuta los destinos del país, que su voz se exprese y deba ser escuchada, tal y como lo hacen con la criminalización de la lucha social, quinta pata de este ataque contra la participación política del pueblo. No abundaremos en ella por cuestión de espacio, pero hay que decir al menos que es prueba de un autoritarismo que se explica solo como forma de disciplinamiento colectivo que limita las capacidades sociales del pueblo.
En los últimos meses del año pasado entra en acción una nueva línea de ataque al derecho a la participación política. Se trata del retiro del registro electoral de cuatro organizaciones políticas que, juntas, suman alrededor del 12% de los votos. Hay cosas tan graves como la evidente contradicción de las resoluciones del mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) y la violación de normas jurídicas vigentes según se puede ver las apelaciones presentadas por el MPD y Ruptura.
Lo más grave es la ilegalización de esas dos organizaciones de izquierdas. En el caso del MPD, no hay quien no haya reconocido en ese partido a la estructura política mejor organizada en el país; una de las pocas realmente inspirada en una posición ideológica; con presencia nacional; con una historia de participación notoria desde el retorno al régimen constitucional, en la que sus militantes han sido parte en la lucha antidictatorial y contra gobiernos autoritarios y corruptos. De manera que su eliminación del registro electoral no puede ser considerada más que un recurso contra la presencia política de sectores representativos de la sociedad ecuatoriana.
Un fenómeno permanente, relacionado con esta reducción de derechos democráticos, al que varios autores han hecho referencia, es la destrucción de la autonomía política y organizativa de las organizaciones representativas de los sectores populares. Con el movimiento obrero, indígena, estudiantil, barrial o de comerciantes autónomos ha sucedido lo mismo: se ha aplicado una serie de medidas para impedir su opinión y su accionar. A los dirigentes y organizaciones que se podía ganar para las posiciones del gobierno a través de cualquier mecanismo, se los cooptó con cargos, proyectos y relaciones; si la cooptación no era posible, el oficialismo procuró la división interna de las organizaciones, junto a la que estuvo la creación de organizaciones que causan división de la representación social; a los dirigentes que mantenían su presencia y expresaran la oposición desde la izquierda, se los persiguió, enjuició o atacó a través de los numerosos medios estatales.
La amenaza de desalojo de la CONAIE de su sede, es un claro ejemplo. La organización ha sido atacada permanentemente, a pesar que el gobierno logró cooptar a uno que otro personaje del movimiento indígena. Desde la presidencia, el cierre se justifica no en leguleyadas, sino en el hecho de que ese local ha sido empleado para reuniones políticas, desconociendo que un Consejo de Gobierno de las Nacionalidades Indígenas es una instancia política y social. La derecha agradece el gesto, pues se presenta como la venganza de los gobernantes neoliberales derrocados que, en su momento, también acusaron a la CONAIE de "hacer política".
El caso de la UNE y el inútil esfuerzo por dividirla, los juicios contra dirigentes de múltiples gremios sociales o contra simples estudiantes por participar en una manifestación, la formación desde el gobierno de una supuesta Central Única de Trabajadores, son, entre otras, evidencias indiscutibles del afán de controlar a los movimientos populares y de atemorizar a los sectores críticos de izquierda (ningún dirigente de las llamadas cámaras de la producción ha sido atacado con tanta furia ni ninguno de los gremios empresariales amenazados de clausura).
Estas líneas de ataque contra la participación política popular, que no son las únicas ni en ese orden, las requiere el régimen para impulsar sus planes de modernización capitalista bajo los mandatos de las transnacionales y del extractivismo. Tal vez sus efectos sean sentidos poco a poco, tal vez algunos no comprendan la importancia de sostener la organización popular a pesar de los errores que pueda haber en ella, pero allí se juega la velocidad e impacto de la imposición de reglas de juego capitalistas que agudizan la acumulación en pocas manos de la riqueza social.
En las últimas marchas convocadas por el FUT y otras organizaciones hemos visto a la clase obrera y más sectores populares tomar visiblemente su lugar en la lucha por los derechos garantizados en la Constitución. Más allá de sus capacidades en el momento, crecientes sin duda, estas marchas son prueba de cómo el pueblo ecuatoriano sabe resistir al autoritarismo y cómo, cualquier medida que pretenda impedir su lucha, tiene los días contados. El caudal del pueblo está perdiendo el miedo y ganado claridad sobre estas diversas formas en que el gobierno pretende detener la actuación política de los trabajadores, pueblos y nacionalidades, campo de confrontación que seguro continuará.
